Los jueces podrán suspender los desahucios si aprecian en el contrato cláusulas abusivas

             A partir de ahora, los jueces españoles que estén examinando en un procedimiento declarativo si en el contrato hipotecario ha habido cláusulas abusivas, podrán suspender cautelarmente la ejecución del desalojo. Además, a raíz de esta sentencia se modificará la legislación española (Ley Hipotecaria y Ley de Enjuiciamiento Civil) para adaptarla a la normativa europea.

            Esto trae causa de la principal conclusión que extrae la Sala Primera del T.J.U.E.: las leyes procesales españolas (arts. 681 a 698 LEC en su versión aplicable al asunto) se oponen al sistema de protección que establece la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

            La resolución es la respuesta de la Curia a las cuestiones prejudiciales planteadas por el titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona. Dicho juez tenía que dar respuesta a la demanda presentada por un particular solicitando que se anulara una cláusula del contrato de préstamo hipotecario por su carácter abusivo. Demandaba en consecuencia que se declarara la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria. Este ciudadano, un nacional marroquí, suscribió en julio de 2007 con la entidad Catalunya Caixa un contrato de préstamo con garantía hipotecaria sobre su vivienda familiar. Un año después dejó de pagar las cuotas mensuales, por lo que el banco inició un procedimiento de ejecución. Poco antes de ser expulsado de su vivienda, en enero de 2011, presentó la referida demanda ante el Juzgado de lo Mercantil.

            Ante la dificultad para poder garantizar una protección eficaz del consumidor, el juez planteó al T.J.U.E. una cuestión prejudicial sobre la conformidad del Derecho español con la Directiva europea sobre cláusulas abusivas. Como segunda cuestión prejudicial preguntó sobre los elementos constitutivos del concepto de cláusula abusiva en el sentido de la Directiva.

            Al hilo de la “dificultad” advertida, el T.J.U.E. coincide con el juez en que la legislación española no garantiza en esta materia la protección de los consumidores. En primer lugar, además de ser muy limitados los motivos por los que un deudor puede oponerse al procedimiento de ejecución de una hipoteca, entre ellos no figura la existencia de una cláusula abusiva en el contrato de préstamo hipotecario, destaca la sentencia.

            Como se sabe, dicha circunstancia sólo puede ser invocada en el marco de un procedimiento declarativo separado, que en ningún caso sus-pende el procedimiento de ejecución hipotecaria. Debido a que el procedimiento declarativo suele ser más largo que el de ejecución, por lo general el pronunciamiento sobre si la cláusula es abusiva llega después de haberse producido la ejecución.

            En este sentido el fallo del TJUE critica que la legislación española sólo ofrezca al consumidor una protección “a posteriori”, meramente indemnizatoria, “que resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula, en contra de lo que establece el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13”, concluye. (fuente: Newsletter Thomson Reuters Aranzadi).

Rodrigo Saez Bereciartu,

Profesor de Derecho en el Centro Universitario CESINE

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Nueva regulación de la morosidad en las operaciones comerciales

La morosidad es uno de los obstáculos a la libre circulación de bienes y servicios en el Mercado único y constituye uno de los mayores problemas para las empresas, especialmente para las PYME, ya que incide de manera muy negativa en su financiación.

Por ello, la Comisión Europea ha publicado la nueva Directiva 2011/7/EU http://eur-lex.europa.eu, que sustituye a la Directiva del año 2000, para combatir el retraso en los pagos de las operaciones comerciales en la Unión Europea.

En transposición de la citada Directiva, el día 23 de febrero se ha publicado el BOE el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, que contiene una serie de medidas de apoyo al emprendedor, PYMES y los autónomos, de índole muy dispar, de las cuales destacamos aquellas dirigidas a reducir la morosidad en las operaciones comerciales y, entre ellas, las que relacionamos a continuación:

- Se unifica en 30 días el plazo de pago a falta de acuerdo entre las partes, si bien se mantiene la regla de que no cabe acuerdo cuando el plazo sea superior a 60 días.

- Se concede un plazo especial, en casos de que se pacte un procedimiento de aceptación o comprobación de productos o servicios, que no podrá ser superior a 30 días y el pago deberá efectuarse en los 30 días siguientes.

- El plazo comienza a contar desde la fecha de recepción efectiva de los bienes o de la prestación de los servicios, adaptándose consecuentemente la fecha de inicio en los casos de remisión de facturas por medios electrónicos.

- Se incorpora la previsión relativa a los calendarios de pago y cómo se calcularán los intereses en caso de que alguno de los plazos no se abonara en la fecha pactada.

- Se reforma el tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar, que pasa de siete a ocho puntos porcentuales los que se han de sumar al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación.

- En la indemnización por costes de cobro se prevé que en todo caso se han de abonar al acreedor una cantidad fija de 40 euros, sin necesidad de petición previa, que se añadirán a la que resulte de la reclamación que sigue correspondiéndole por los gastos en que se incurrió para conseguir el cobro de la cantidad adeudada.

- Desaparece el límite del 15% de esta indemnización, que se calculaba sobre la deuda principal. En esta indemnización se podrán incluir, entre otros, los gastos que la mora ha comportado para el acreedor por la contratación de un abogado o de una agencia de gestión de cobro.

Todos los contratos incluso los firmados antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2013 quedarán sometidos a la Ley 3/2004, teniendo en cuenta la nueva redacción, en el plazo de un año desde dicha entrada en vigor.

 

Manuel Fresno Boj, 

Profesor de Fiscalidad en  el Centro Universitario CESINE

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Proyecto de Investigación de Mercados 2013

Mi nombre es Laura Lastra Salas, alumna de 3º curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas. En este cuatrimestre mis compañeros y yo tenemos que realizar un trabajo para la asignatura Investigación de Mercados, la cual nace con el fin de aprender a identificar y a utilizar las herramientas con las que conseguir la información necesaria para facilitar la toma de decisiones empresariales.

Laura Lastra Salas, alumna de 3º curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas de CESINE

Para ello es necesario plantearse varias preguntas que coinciden con las que habitualmente se abordan en un proceso de investigación: qué información se necesita (definición del objeto de la investigación), a quién va a facilitar la información (identificación de fuentes ya existentes y búsqueda de nuevas) y cómo se va a conseguir (diseño de medios y recursos para conseguirla: metodología de trabajo).

Laura durante la presentación de un trabajo en clase

Para que nosotros podamos llevar a cabo los distintos estudios de investigación de mercados, debemos poseer conocimientos sobre las técnicas de análisis que deben aplicarse, las cuales hemos aprendido a lo largo de la carrera . Así, una vez adquiridos los conocimientos teóricos, se apuesta por ponerlos en práctica a través de la elaboración de un Proyecto de Investigación, en donde el nosotros los estudiantes, semana a semana, vamos diseñando y ejecutando las fases de trabajo propias de la investigación.

Además de los conocimientos propios de la asignatura, el Proyecto de Investigación de Mercados sirve para que el trabajemos otras áreas que resultan fundamentales para nuestra formación, como es el trabajo en equipo, el desarrollo de criterios para la toma de decisiones o la exposición colectiva y pública del trabajo llevado a cabo.

Este trabajo se realiza en grupos de 4 personas, cada grupo ha elegido un tema para llevar a cabo. Una vez elegido el tema, hemos definido el problema e identificado los objetivos tanto principales como específicos. Como segundo paso hemos diseñado la metodología, la muestra y a partir de ahí hemos realizado las encuestas. Una vez recogida la información de las encuestas analizaremos los resultados y llegaremos a unas conclusiones. Y por último, el trabajo será presentado en CESINE el día 8 de mayo.

Más adelante os iré adelantando más detalles.

¡Hasta pronto!

Laura Lastra,  

Alumna de 3º del grado en Administración y Dirección de empresas en CESINE Centro Universitario

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Ley 10/2012 sobre las nuevas Tasas Judiciales

Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia (BOE 21 noviembre 2012), entró en vigor el pasado día 22 de noviembre. Sin embargo, la excesiva celeridad del Gobierno ha impedido su aplicación hasta que se publicó en el BOE la correspondiente Orden Ministerial que regula los procedimientos y establece los modelos oficiales de autoliquidación de la tasa.

El pasado sábado, casi un mes de la entrada en vigor de la norma, el BOE publicó  la citada Orden Ministerial (HAP/262/2012). En su Disposición adicional segunda establece que “la presente Orden entrará en vigor el día 17 de diciembre de 2012, aplicándose a los hechos imponibles que tengan lugar a partir de la entrada en vigor de la misma”.

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre instaura un nuevo marco normativo de la tasa judicial por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Entre sus aspectos más relevantes cabe destacar:

            ● Deroga el artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que recuperó en el ámbito de la Administración de justicia las tasas por el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

            ● Aumenta con carácter general las cuotas (en algunos casos un 100%).

            ● Amplia los sujetos pasivos (ahora lo son también las personas físicas) si bien reconoce la exención de las personas a quienes se les reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

            ● Amplía el ámbito de la tasa al orden social (para los recursos de suplicación y casación).

            ● Es exigible en todo el territorio nacional y es compatible con las tasas y tributos que puedan exigirse en las distintas comunidades autónomas.

            ● Por último, cabe destacar que la nueva normativa también incorpora algunas facilidades como la posibilidad de que el abogado o el procurador sea quien abone la tasa, lo que resulta de gran interés cuando el sujeto pasivo sea un extranjero.

Tasas judiciales

 

 

Rodrigo Saez Bereciartu,

Profesor de Derecho en el Centro Universitario CESINE

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Decisiones para reducir el pago del IRPF 2012

Quedan dos semanas para que finalice el 2012 y por tanto para tomar decisiones dirigidas a reducir el importe a pagar en la próxima primavera por el IRPF 2012.

 

A continuación pasamos a enumerar y desarrollar las principales deducciones a tener en cuenta a la hora de liquidar el IRPF para el 2012:

-  Compra de vivienda: En enero de 2013 se suprime esta deducción, no afectando a los contribuyentes que la hayan adquirido antes de esa fecha que podrán deducir el 15% de las cantidades aportadas con un máximo de 9.040 euros. Además, la compra de vivienda se podrá beneficiar del tipo superreducido del IVA (4%) que pasará al tipo reducido (10%) a partir del 2013.

-Adquisición de otros inmuebles: Antes de que finalice el año, la adquisición de otros inmuebles que no sean vivienda habitual del  contribuyente garantizará un descuento del 50% en la tributación de la plusvalía correspondiente a la venta. Además será de aplicación lo descrito en el apartado anterior con respecto al IVA.

- Reformas: Es la última oportunidad de aplicarse la deducción por rehabilitación y reforma de vivienda de todo tipo de viviendas. En el 2012 y para bases imponibles del IRPF inferiores a 53.007 euros se podrá deducir el 20% sobre un máximo de 6.750 euros, decreciendo de forma escalonada para bases imponibles superiores.

-Planes de pensiones: Según el Gobierno la subida del IRPF para 2012 y 2013 es temporal por lo que la aportación a planes de pensiones suponen un aumento del ahorro. El límite es de 12.500 euros para contribuyentes mayores de 50 años y de 10.000 euros para el resto.

- Acciones: En enero de 2013 cambian las plusvalías generadas en un año o menos tributando al tipo marginal, hasta el 52%, frente al tratamiento actual que aplica un 21% para ganancias de hasta 6.000 euros y de un 27% para ganancias por encima de 24.000 euros.

 

Manuel Fresno Boj, 

Profesor de Fiscalidad en  el Centro Universitario CESINE

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